La minería volvió a estar en el centro del debate en Cabotaje, el programa conducido por Mariano Bustos donde los diputados provinciales Jorge Difonso y Gustavo Cairo expusieron sus visiones opuestas sobre el futuro de esta actividad en Mendoza. La discusión tocó temas clave como el consumo de agua, la ley 7722 y la confianza en los organismos de control, en un contexto marcado por la reciente Cumbre de Minería Sustentable realizada en el Hotel Hilton de la provincia.

Difonso, conocido por su postura crítica hacia la minería metalífera, subrayó que el agua es un recurso prioritario para la provincia, especialmente en el marco de la prolongada sequía que afecta a Mendoza. “Hemos tenido un buen año de nevadas, pero necesitamos al menos 10 años para recuperar los volúmenes de los glaciares. En este escenario, pensar en destinar millones de litros de agua a una industria minera es, cuanto menos, preocupante”, afirmó.

El legislador también apuntó al problema de los controles y denunció la falta de confianza en los organismos gubernamentales: “Si un funcionario denuncia irregularidades, en lugar de respaldarlo, lo sancionan o lo expulsan. Esto genera desconfianza en la capacidad del Estado para regular adecuadamente”.

Por su parte, Cairo defendió la minería como una oportunidad económica para Mendoza, destacando que esta actividad podría financiar mejoras en infraestructura hídrica, como el trasvase del río Grande al Atuel o la impermeabilización de canales. “El agua que utiliza la minería es mínima porque se recicla. Además, los recursos generados podrían ayudar a enfrentar la crisis hídrica y mejorar la productividad agrícola con tecnología como el riego por goteo”, argumentó.

Uno de los puntos más controvertidos fue el rol de la ley 7722, que regula estrictamente la minería metalífera en Mendoza. Para Cairo, esta norma es un obstáculo para el desarrollo. “Es la única ley de este tipo en el país y espanta a los inversores. Si seguimos así, Mendoza continuará produciendo cero mientras del otro lado de la cordillera, en Chile, generan miles de millones de dólares en cobre sin problemas ambientales significativos”.

Difonso replicó que la 7722 es fundamental para garantizar que cualquier proyecto minero sea compatible con el desarrollo sustentable. “El mendocino ha sido claro: queremos un crecimiento que no comprometa nuestra agua ni el futuro de las próximas generaciones. Derogar la ley sería un retroceso”.

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ambiental, aunque con matices. Cairo propuso crear una agencia independiente y sugirió que incluso podría estar dirigida por alguien de la oposición, como el propio Difonso, para garantizar imparcialidad. “Lo importante es que haya un control real, no fundamentalismos que paralicen toda actividad productiva”.

Difonso, en tanto, insistió en que el cumplimiento de la ley es la base para generar confianza: “No necesitamos más agencias, sino que las existentes funcionen correctamente y que se respete la 7722”.

La discusión también derivó hacia otros temas provinciales. Difonso propuso regionalizar los concejos deliberantes para optimizar recursos y acercar las decisiones a las comunidades. Por su parte, Cairo llamó a rebelarse contra SADAIC, cuestionando el pago de derechos de autor por eventos privados.

El programa cerró con un tono conciliador, resaltando la importancia del debate sincero y fundamentado. “Podemos tener posturas diferentes, pero el diálogo siempre enriquece. Mendoza necesita soluciones, no divisiones irreconciliables”, concluyó Fabricio.

La minería sigue siendo un tema polarizante en Mendoza, y aunque las posturas son divergentes, el consenso en torno al control y la transparencia abre la puerta a posibles acuerdos en el futuro.