El escándalo del complejo de esquí Los Penitentes suma otro bochornoso capítulo. La expropiación del predio por parte de la provincia, en detrimento de la familia López Frugoni, dejó el lugar en un estado deplorable, víctima del abandono y el vandalismo durante ocho años. A la espera de una demanda de 25 millones de dólares contra el estado provincial por parte de los López Frugoni, ahora se añade otra controversia: el gobernador Alfredo Cornejo ha otorgado la explotación del complejo a empresarios amigos sin licitación previa, en una asignación discrecional que levanta muchas suspicacias.

La decisión de Cornejo se hizo oficial mediante el polémico decreto 944, que cede el usufructo del complejo al grupo local Mapsa SA. Este grupo, integrado por Pablo García, Mariano Rodríguez y Roby Riedel, se jacta de ser promotor del turismo aventura, pero carece de la experiencia necesaria para gestionar un centro de esquí de esta magnitud. Fuentes del sector aseguran que «no tienen experiencia para esta escala de operación turística», lo que genera dudas sobre la viabilidad a largo plazo del proyecto y los intereses económicos y ambientales en juego.

La familia López Frugoni, antiguos propietarios del complejo, no solo enfrenta el despojo de su inversión sino también la negligencia gubernamental que dejó el predio en ruinas. Según la denuncia, el gobierno «abandonó el predio dejando sillas colgadas y permitiendo actos vandálicos, robos y hurtos». En medio de este contexto, la provincia se enfrenta a un juicio millonario por la expropiación y a posibles complicaciones adicionales si se declara la nulidad de todo el trámite expropiatorio, lo que podría convertir el complejo en un espacio intransitable.